El Decreto 119/2005 fijó los requisitos que toda biblioteca pública de la Comunidad Valenciana debe cumplir tanto en lo relativo al espacio físico como al personal y servicios a prestar. Estableció un periodo de tres años —que luego prorrogó otros dos— para que se adecuaran a la nueva normativa. El ayuntamiento de San Miguel, regido por gente despreocupada por la educación y la cultura, corrigió la categoría del personal y la ampliación de horario pero hizo caso omiso del resto de las prescripciones legislativas. Desde junio de 2010 la biblioteca pública municipal funciona al margen de la ley.
Lo más preocupante son las condiciones incumplidas con respecto al espacio físico. Según Resolución de 11 de octubre de 2005 de recomendaciones técnicas para la creación y renovación de infraestructuras en centros de lectura pública, el edificio destinado a este servicio debe soportar un sobrepeso máximo de 500 kg/m2 para las salas de lectura y áreas de trabajo y 750 kg/m2 para las áreas de depósito o de estanterías con libros. Informes técnicos de los servicios municipales determinan que el sobrepeso máximo del Centro Social, donde se ubica la biblioteca, es de 200 Kg/m2. Siempre cabe la esperanza de que no se hunda, o de que si lo hace sea cuando esté vacío.
Pero no es esta la única anomalía que arrastra una de las instituciones locales que con más mimo debería ser tratada por los responsables políticos. Los 300 m2 de superficie útil mínima exigible para las bibliotecas públicas municipales en poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes no se alcanza; no se encuentra ubicada en una planta baja, como es recomendable, y no tiene acceso directo desde la calle; para mayor desdicha ni siquiera aparece en las señalizaciones urbanas. Sufre, además, de otros inconvenientes derivados tanto de compartir edificio con otras actividades como de la desidia de los irresponsables municipales: ruidos, alborotos, actos de vandalismo —quema de papeleras, vaciado de extintores, pintadas, robo de cuadros— al no existir un control de acceso al edificio, incluso en horario de biblioteca los usuarios se han encontrado cerrada la puerta de acceso desde la calle, reja incluida.
Desde el Decreto de 2005 nada se ha hecho por poner solución a lo que la nueva normativa reclamaba. Ninguno de los tres equipos de gobierno presididos por el PP desde entonces ha tenido en cuenta el problema, y mucho menos una visión estratégica de las necesidades de San Miguel. Así, en lugar de dedicar los recursos disponibles a la construcción de un centro cultural polivalente en el que agrupar servicios, lo que a su vez disminuye los costes de mantenimiento y la eficiencia de los medios empleados, los ha dilapidado en un edificio de cinco planta en el que albergar un ayuntamiento al que le sobran cuatro, o en un auditorio de verano que bien podría haber sido para todo el año en ese complejo cultural del que carecemos y en el podría haberse ubicado también la biblioteca.
Queda ahora, en una difícil situación económica, volver a repensar sobre el problema y con los medios disponibles y los que se puedan obtener, si hay voluntad para ello, resolver de la mejor manera lo que una mala gestión no ha sido capaz de llevar a cabo cuando las condiciones eras mucho más favorables. La pandemia del despilfarro ha llegado a todas partes, y la estafa de la crisis también la paga la cultura.
