Que la derecha política y mediática ha lanzado una ofensiva brutal contra los sindicatos de clase, y por tanto contra los trabajadores, es algo que cada día se manifiesta con más intensidad a medida que se acerca el 29 de septiembre, a medida que se acerca el día de la Huelga General.
El arma mediática ya centró su artillería en el asunto de las subvenciones que los gobiernos transfieren a los sindicatos para programas de formación -cuyo importe sale de las cuotas de trabajadores y empresarios y del Fondo Social Europeo-, buscando su desprestigio para hacerlos aparecer como unos indeseables ante la ciudadanía en general y ante los trabajadores en particular. Si se debilitan los sindicatos, los patronos tienen mucho más fácil consumar el abuso sobre los obreros.
El último cañonazo contra la última línea defensiva de los asalariados lo ha disparado la presidenta de la Comunidad de Madrid -que recibe mensualmente una buena cantidad de dinero público-, Esperanza Aguirre. Quiere reducir el número de liberados sindicales aprovechando que la crisis pasaba por allí. Es la portavoz de esa derecha cavernícola de alforjas repletas que no dudaría en acabar, si pudiera, con las organizaciones sindicales para someter a los trabajadores a las condiciones esclavistas de la Edad Media.
En una democracia que se precie, los gobiernos deben procurar que la igualdad de oportunidades sea efectiva entre los distintos sectores de la población, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Al igual que se debe propiciar una justa distribución de la riqueza -la progresividad en los impuestos (que pague más quien más tiene) es un medio para conseguirlo-, también se debe promover un equilibrio en las oportunidades para colocar en igualdad de condiciones a quienes presentan desigualdades de origen.
Y este es el caso de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras: los sindicatos. El gobierno dispone de todo el aparato del Estado y de sus recursos económicos y personales para desarrollar su tarea en materia laboral. La patronal dispone de inmensas cantidades de dinero para dotarse del personal que precise y puede disponer del tiempo a su antojo para mantener su organización y estar presente en cuantas mesas de negociación sea preciso. Los trabajadores, en cambio, no disponen de tantos medios para defender sus intereses. Necesitan lugares donde reunirse, tiempo en horario laboral para acudir a las mesas de negociación, asesores para estudiar las legislaciones y para buscar salida a los conflictos laborales, mantener contacto en las empresas con patronos y obreros… La cuota de un trabajador no puede ser muy elevada porque el sueldo suele ser bajo. Los trabajadores estarían en inferioridad de condiciones. Y en ese caso, solo acciones más contundentes los elevaría a la categoría de interlocutores, a costa de la “paz social”. Liberados y dinero son elementos que tienden a equilibrar la balanza.
Es posible que existan liberados que no cumplan con su cometido, como hay políticos, curas, policías, médicos, maestros, barrenderos… que no cumplen con el suyo. Lo que se debe denunciar es el caso particular; tomar la parte por el todo es demasiado interesado. El objetivo de estos ataques no es otro que minar las expectativas de la Huelga General, debilitar a los trabajadores organizados y facilitar la imposición de condiciones laborales que acaben con los derechos históricos que tanto sacrificio le costó a los obreros de las generaciones pasadas.
El reparto de papeles se hace cada día más claro entre los dos representantes mayoritarios de la derecha política: el PSOE ataca a cada uno de los trabajadores y el PP ataca a las organizaciones sindicales. La patronal se frota las manos.
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