La Revolución Industrial trajo consigo un nuevo escenario laboral. Artesanos y agricultores se convirtieron en obreros, el espacio de trabajo pasó del taller a la fábrica, las máquinas se erigieron en mecanismos imprescindibles de la productividad, mujeres y niños entraron a formar parte del nuevo ejército del trabajo industrial. Largas jornadas laborales, un esfuerzo agotador, escaso salario, accidentes, enfermedades se constituyeron en castigo para los trabajadores y beneficio para los patronos. Tales condiciones de trabajo provocaron manifestaciones, ocupaciones de fábricas, sabotajes, huelgas y con ello el nacimiento del Movimiento Obrero y el sindicalismo.
El Estado asumió en un primer momento un rol pasivo, amparado en el principio de supuesta igualdad jurídica entre las personas, ya fueran obreros o patronos. Un principio viciado en origen, pues no existía igualdad real en las relaciones entre ambos estamentos. El poder político y económico se encontraba en manos de las élites, que hacían leyes a su conveniencia y utilizaban el poder coercitivo del Estado para defender su posición privilegiada. Sin embargo, la creciente movilización obrera obligó, en un largo y cruento proceso, a que los gobiernos dictaran normas para que las relaciones laborales mejoraran a favor de los trabajadores.
Con la Constitución de Weimar, en 1919, se rompió con esa idea tramposa de la igualdad social absoluta y se incorporaron los derechos sociales (la Constitución de México los había incorporado dos años antes como consecuencia de la Revolución). En España, con la Constitución de 1931, en la Segunda República, el Estado asumió la protección de los trabajadores, y no solo porque en su artículo primero expresara que «España es una República Democrática de trabajadores de toda clase…», sino porque en su artículo 46 lo explicitaba: «La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez…»
Por tanto, ante una desigualdad real, consecuencia de que una parte del cuerpo social se encuentra en desventaja con respecto a otra, el Estado democrático debe legislar para proteger los derechos de las personas más vulnerables y acabar con dicha desigualdad. Es el caso de la desigualdad de género; las mujeres están en desventaja social, son muchos los datos que así lo confirman. No obstante, las rémoras de una sociedad patriarcal de profundas raíces dificulta el proceso. Por eso es necesario que el feminismo, organizado, salga a la calle para exigir cambios sociales y legales, para despertar conciencias, para generar reflexión, para animar a hombres y mujeres a trabajar cada día por la igualdad real en la familia, en el trabajo, en el estudio, en el ocio, en la vida.
